La guerra fracasó

El 25 de enero de 2010 se integró la Comisión Global sobre Políticas para las Drogas, entre sus miembros encontramos a los ex presidentes latinoamericanos Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Cardoso, al ex representante de la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, los escritores Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, el director general de Virgin Group, Richard Branson, entre otros empresarios, políticos e intelectuales. El fin de la comisión fue proponer soluciones basadas en evidencias científicas a los problemas asociados al consumo de drogas y el debate ha concluido hace unos días con un informe que señala el fracaso de la guerra antidrogas. Sin embargo la comisión se limita a invitar a replantear las medidas hasta ahora adoptadas y tomar en cuenta la despenalización de ciertos narcóticos.

El informe que se dio a conocer en Nueva York no profundiza en  el tema del uso de la fuerza, sin embargo reitera que el creciente consumo de drogas, y la delincuencia que conlleva, es más un problema de salud y de educación. No tardaron en reaccionar los gobiernos estadounidenses, principal promotor de la actual estrategia contra el narcotráfico, y el mexicano, cuyo país es el más afectado actualmente. Ambos gobiernos rechazaron sin más dicha propuesta, por un lado Estados Unidos que dice no claudicar ante el crimen organizado que avanza en todo el mundo y justificando su apoyo a naciones como Afganistán y México con indicadores engañosos; por otro lado México, haciendo oídos sordos como ya es costumbre, siguiendo una clara línea del país vecino.

Este no es el primer informe en su tipo y definitivamente no es el más crítico ni el más integral pero por sus reconocidos miembros pone el tema de vuelta sobre la mesa. La actitud prohibicionista del gobierno estadounidense y la obediencia pobremente remunerada de México han sido motivo de discusión dentro y fuera de nuestro país, pues 40 mil muertos ya son demasiados y ni los cárteles se están debilitando, ni el consumo está disminuyendo. La guerra contra las drogas que se lleva a cabo en países subdesarrollados impuesta desde los Estados Unidos, principalmente, nos ha costado muchas vidas y ha generado grandes ganancias para delincuentes de bajo y por supuesto de alto nivel. Ésta, como la gran mayoría de las guerras, está motivada económicamente y dado que los únicos perdedores son los pobres, en realidad nadie la quiere abandonar. La industria bélica otra vez y como siempre.

Para muestra, el pasado mes de abril se llevó acabo la 28 Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Cancún y más que otra cosa fue un evento de palmadas en la espalda con armas en los mostradores y un montón de “líderes” jugando a los soldaditos. Los principales productores de armas de Estados Unidos, empresas como Northrop Grumman, Stark y Combined Systems, aprovecharon el encuentro antinarcóticos convocado por la Secretaría de Seguridad Pública y la DEA para ofrecer a los gobiernos presentes, incluido el mexicano, los más recientes modelos de la industria bélica. Camionetas blindadas. Aviones no tripulados. Interceptores telefónicos. Sistemas de espionaje. Entrenamiento de fuerzas especiales. Armas para control de motines, equipos de visión nocturna. En una pantalla se leía: “Proveemos de intercepciones de comunicaciones legales”.

Northtrop Grumman, la cuarta productora de armas a nivel global, erigió un stand para promover su más reciente producto, el “Sistema de Apoyo Global Contra-narcoterrorismo”, una plataforma común que integra a especialistas en áreas como entrenamiento, análisis de finanzas de organizaciones criminales, sistemas de comunicación, construcción de barracas, mantenimiento de aeronaves y venta de partes, entre muchas otras. Y, según se revela en uno de sus trípticos, ya funciona en México.

Al igual que otras empresas, ésta ya disfruta de una parte de nuestros impuestos que son destinados a la SSP, cuyo presupuesto se ha multiplicado por seis en 10 años, al pasar de 5 mil millones, en 2001, a 32 mil millones de pesos para 2011, incluso el doble de la Secretaría de Marina. Y es que mientras el señor Poiré y el presidente Calderón nos tratan de convencer de que la lucha contra el narco es integral, la realidad es que el presupuesto se nos va en acciones a posteriori, como la compra de armas –como si la solución a la violencia fuera más violencias-, y no preventivas como la educación y la salud.

En la misma Conferencia se dieron a conocer datos relevantes, por ejemplo, que el valor del gramo de la cocaína pasó de 97.7 dólares en 2007 a 164.9 en 2010, lo que representa un alza de 68% en las ganancias de los cárteles durante los tres años más sangrientos de la guerra calderonista “contra” el narcotráfico. Un completo sinsentido para cualquiera de nosotros mortales al ver que la represión al tráfico de drogas sí genera más ganancias para cárteles y políticos corruptos. Paradójicamente, y adoptando una postura similar a las penosas declaraciones en México, el gobierno de Estados Unidos piensa que éste es un indicador de “buenos resultados” en la lucha contra el narco. Más muertos y más dinero para el crimen organizado ¿buenos resultados? Claro, porque la prohibición les deja también a ellos y si no habríamos que analizar el tamaño del colchón que representó el narcotráfico para que la economía mexicana no se colapsara tan dramáticamente como se esperaba en la crisis de 2008, o que los banqueros estadounidenses sean los menos afectados por la crisis que ellos provocaron.

A propósito de la conveniencia de prohibir sin más estudios científicos el tráfico de estupefacientes, recordemos el último informe de Global Financial Integrity, donde se señala que el crimen genera 650 mil millones de dólares al año en todo el mundo, y que el ganador es precisamente el narcotráfico, generando 320 mil millones de dólares anualmente. Y claro que si su comercio fuera legal no dejaría estas ganancias, quizás varias economías, incluida la mexicana, se vendrían abajo. Ya lo señala Jeremy Haken, quien elabora dicho documento: “estas actividades criminales se originan principalmente en naciones subdesarrolladas y se aprovechan del vacío creado por la pobreza, la desigualdad social e instituciones débiles, perjudicando el bienestar económico de millones de seres humanos en el planeta”.

Roger Howard, presidente de la Comisión de Política Antidrogas en el Reino Unido, presentó el reporte Taking Drugs Seriously (Tomando las Drogas en Serio) donde puntualiza la necesidad de pensar diferente, pues, “Hace cuarenta años las drogas llegaban cada cierto número de años, no de semanas… el argumento de si ser duro o no con las drogas es cada vez más redundante en la era del internet y el comercio global”. Sin un objetivo claro, el mensaje de la actual estrategia contra el tráfico de drogas es que los quieren desaparecer, cuando es imposible y, entonces, la solución no va por ahí, sino por la regulación en la producción y venta.

En este reporte se agrega un ejemplo claro de lo que pasa cuando se permite el uso de ciertas drogas. Entre 2008 y 2009, soldados británicos redujeron en más de la mitad el consumo de cocaína cuando se les proporcionó Mefedrona, o “Meow meow”, una droga legal desde 2010 en ese país. Además, en ese mismo periodo de tiempo, las muertes relacionadas al uso de cocaína disminuyeron 28%.

Otro claro ejemplo es el de Portugal, donde hace casi once años se aprobó una despenalización nacional completa. La ley abolió las sanciones criminales para todos los estupefacientes –no sólo la mariguana, sino también drogas duras, como la heroína y la cocaína. Eso aplica sólo a las drogas para uso personal; el narcotráfico continúa siendo una ofensa criminal--. Y claro, disminuyó el consumo, las patologías y la criminalidad asociada a ello.

La estrategia global contra las drogas ha fracasado y quienes han pagado la necedad de los países poderosos somos los subdesarrollados. Desde el ámbito científico se puede debatir la conveniencia de despenalizar la producción, el consumo, y eventualmente la comercialización de las drogas. Socialmente es necesario un viraje en otro sentido, se han presentado ejemplos contundentes en los que la despenalización reduce el consumo, la criminalidad y la violencia. Económicamente hablando, la regulación menos estricta del narcotráfico parece no convenir tanto a los intereses de los grandes empresarios, políticos y miembros de cárteles, sin embargo, se debe pensar en una solución inteligente en la que se priorice el bienestar social.

Felipe Calderón ha propuesto dialogar siempre y cuando no se toque el tema de la desmilitarización y la despenalización de las drogas. Después de cuatro años es inútil acudir a él con propuestas que van más allá de su entendimiento, el cual se limita a obedecer fielmente las instrucciones del gobierno de Obama en tanto éstas no afecten su imagen o lo metan en problemas con los cárteles que favorece. En las últimas semanas se ha hablado de un juicio a Calderón después de que deje la presidencia ¿Y por qué no obligar a su salida ya? Tal vez tengan que morir otros cuarenta mil para preguntarnos si no estamos haciendo algo mal. La justificación ha sido la imposibilidad jurídica, como si el gobierno federal respetase la Constitución y leyes del país, no recuerdo yo ningún logro social trascendente que haya respetado las leyes de quienes han usurpado el poder. Felipe Calderón tendría que ser presionado hasta la renuncia y castigado penalmente para sentar precedente y no permitir otro gobierno criminal.