Condena CDHDF amenazas a defensores y periodistas, "vengan del propio Estado o del narco"
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Las amenazas a los defensores de derechos humanos y a periodistas generan un contexto preocupante en el país, y desafortunadamente las respuestas de las autoridades no sólo no son eficaces sino que además son intimidatorias, afirmó el ombudsman capitalino, Luis González Placencia.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) afirmó que el Estado no debe confrontar a sus ciudadanos, sino poner las condiciones para que puedan ejercer sus derechos y expresarse con libertad y seguridad.
González Placencia sostuvo que vengan de donde vengan estas amenazas, 'vengan del propio Estado o de la criminalidad organizada, en ambos casos el Estado es el responsable de la seguridad y de que no se genere impunidad'.
Recordó que desde que la comisión a su cargo tuvo conocimiento de las amenazas contra activistas de Greenpeace, ha asesorado a esta organización para interponer las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
De las acciones legales que haya que hacer, dijo, es necesario visibilizar que hay unidad en las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), capacidad de respuesta y capacidad de solidaridad.
En ese sentido, llamó a las autoridades federales a esclarecer los hechos que les han sido denunciados y que cumplan con su deber para que cesen las presiones a Greenpeace y en general las que han recibido todas las y los defensores de derechos humanos del país.
Afirmó que la CDHDF seguirá promoviendo ante las autoridades locales las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de Greenpeace, mediante medidas precautorias, 'y si no responden las instancias locales lo haremos ante las internacionales; además de estar vigilando la actuación de la PGJDF'.
La directora Ejecutiva de Greenpeace México, Patricia Arendar, hizo un recuento de los ataques que ha recibido esa organización en 2011 e indicó que ha sido descalificada y hostigada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Arendar exigió resultados de las investigaciones iniciadas y que el Estado cumpla con su función de proteger y garantizar la vida de los ciudadanos, de los defensores de los derechos a un medio ambiente sano y de las organizaciones de la sociedad civil.
